Por: José Miguel Otáñez.
Santo Domingo.- Bajo el lema “Si callamos, nos hacemos cómplices” residentes del sector Los Guaricanos realizaron una marcha con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a la sociedad de que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es un delito.
El movimiento social, organizado por la Asociación de Ayudas a las Familias (ADAF), demandó que se refuercen las respuestas que dan las instituciones gubernamentales y privadas al problema.
Presentaron -además- un estudio realizado por ADAF que indica que los menores de edad del municipio Santo Domingo Norte tienen un alto riesgo de ser víctimas de explotación sexual comercial infantil derivado de los elevados niveles de pobreza, deserción escolar, violencia en el entorno familiar y la demanda del turismo sexual.
La coordinadora del proyecto, Amalfi Brito, expresó que las víctimas son mayoritariamente del sexo femenino, de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años.
“La violencia sexual está directamente relacionada con la desigualdad, la discriminación y la violencia de género, y refleja los desafíos que hay que enfrentar a favor de las nuevas masculinidades. La explotación sexual es una de las más crueles formas de violencia de género y existe una amplia tolerancia social a este fenómeno”, expresó Brito.
Los manifestantes propusieron como medidas de prevención la capacitación de los padres y madres sobre protección familiar y el establecimiento de un sistema de vigilancia comunitaria que detecte situaciones de riesgo y prevenga la violencia.
Hace un año ADAF puso en marcha el proyecto “Prevención y Reducción de la incidencia de la Explotación Sexual Comercial Infantil” en los Guaricanos, dentro del cual ha ejecutado un programa de concienciación que ha tocado a docentes, psicólogos, estudiantes de nueve centros educativos de esa comunidad, así como también a transportistas de las rutas del referido sector, líderes comunitarios, religiosos; también han intervenido a familias afectadas.
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Procuraduría General de la República y es patrocinado por el gobierno de Aragón y la Fundación Más vida de España.
