Por Wilson Guerrero.
Santo Domingo, R.D.-La Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos Inc., (ADIA-RD) denunció que los actuales funcionarios del sector agropecuario del actual gobierno están cancelando a profesionales del sector sin ninguna contemplación por lo que hacen un llamado a la reflexión y a la sensatez para que detengan la acción de desvinculación de hombres y mujeres que trabajan en la producción alimenticia del país.
El ingeniero Buenaventura González, presidente de ADIA-RD expresó que los actuales funcionarios agropecuarios del presente gobierno han vuelto a prácticas del pasado, cancelando, trasladando y degradando injustamente a profesionales del sector que desempeñan roles técnicos y estrictamente profesionales para garantizar la producción agrícola en el país.
“El clamor de la ADIA-RD, es para que depongan de manera inmediata la práctica de desvinculación injustificada de los profesionales agropecuario del país que se encuentran realizando sus funciones, con apego a las normas y requerimientos del sistema y para que detengan el maltrato y reintegren de inmediato a los cancelados, devolviéndoles la paz y la tranquilidad a ellos y sus familiares, tomando en consideración los momentos difíciles de crisis económica y sanitaria que vive la población debido a la pandemia del COVID-19”, expresó Buenaventura González Pérez.
Además, agregó que acciones como esas no contribuyen en nada a la sostenibilidad del clima de paz social que impera en el país, ya que, por el contrario arroja serias dudas sobre la idoneidad de los funcionarios públicos que ejercen funciones en el gobierno.
Gonzales Pérez, destacó que en este momento se deben armonizar las relaciones entre las actuales autoridades agropecuarias y los gremios del sector, en pro de lograr un desarrollo agropecuario sostenible que garantice la seguridad alimentaria de toda la población, que es un derecho fundamental vinculado al desarrollo humano, como lo establece la Constitución Dominicana.
Enfatizó, que en los momentos de ser anunciada la pandemia de la COVID-19, el país registraba una tasa de pobreza extrema, entre un 5% y 10 % de la población, agravada por el incremento del desempleo, la inestabilidad económica y crisis sanitaria, según un estudio del Consejo Interreligioso para la seguridad alimentaria y nutricional (CISAN).
Finalmente, destacó que ante esa situación es necesario buscar soluciones a fin de evitar que agrave la inseguridad alimentaria, sobre todo de la población más vulnerable que clama por la equidad e igualdad de los hombres y mujeres del país, pero cancelando a los profesionales que contribuyen al mejoramiento de la calidad y aumento de la producción de alimentos para el sostenimiento y mejor calidad de vida de la población, no es posible lograrlo.
