Advierte debe ser retomado para incluir pena de 60 años de prisión a los corruptos.
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa, consideró como una aberración la sanción contemplada para la corrupción en el recién aprobado proyecto de Código Penal porque, a su juicio, la pieza legislativa después de haber sido ampliamente discutida, solo se aprobó una condena mínima, muy flexible para los corruptos.
Advirtió que de mantenerse el proyecto igual en lo concerniente a la corrupción, sería un retroceso, porque las demandas de este tiempo, así como los compromisos internacionales que tiene el país de perseguir y castigar la corrupción no encontraría sanción.
Al participar en el programa Fuera de Record que produce el periodista Elvis Lima para En Televisión, De la Rosa expresó su total rechazo a esta decisión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, porque entiende que constituye un premio a la mala práctica de actos de corrupción por parte de funcionarios que se apropian del erario.
“Apelamos a que la República Dominicana respete los compromisos asumidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual es signataria, y está conminada a acoger lo que ha sido ya el desglose de crímenes y delitos establecidos en esta convención”, manifestó.
Explicó que esta misma convención es la que exige a los países miembros que en las leyes contemplen que los casos de corrupción no pueden prescribir, al igual que los delitos conexos.
Descartó que el cúmulo de penas garantice una pena mayor para los corruptos, como alega la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, lo cual afirmó que es un absurdo, porque los delitos conexos no pueden recibir mayor sanción que el acto mismo de corrupción.
“La corrupción per se, como madre principal de la comisión de una serie de delitos no puede tener una pena inferior a los delitos que se derivan de ella, y por ello nosotros rechazamos la aprobación del proyecto de Código Penal, en lo referente a la tipificación y sanción a la corrupción administrativa”, argumentó.
El representante de la sociedad civil abogó porque se retome lo aprobado en las discusiones que se generaron alrededor del proyecto, que contempla penas de 4 a 10 años más las sanciones a los delitos conexos que la elevarían hasta unos 60 años.
Respecto al cúmulo de penas, De la Rosa indicó que constituye una conquista, no solo para los casos de corrupción sino para todos aquellos crímenes que concurren en un momento determinado.
Destacó que lo mismo debe aplicarse a los delitos derivados de los actos de corrupción como tipificación principal, para que “si el funcionario incurriese en varios de los delitos tipificados, se le aplicaría la pena en la corrupción como tal y posteriormente cada uno de esos delitos conexos al acto de corrupción, con esto sí podría llegarse a una pena máxima de 60 años”.
