Por: Vicente Peña.
Santo Domingo, DN. – Un estudio realizado hoy por la Asociación de Ayudas a las Familias (ADAF) determinó que los menores de edad de la provincia Santo Domingo Norte tienen una alta probabilidad de ser víctimas de explotación sexual comercial Infantil derivado de los
Elevados niveles de pobreza, deserción escolar, violencia en el entorno familiar y la demanda de turismo sexual.
Con la intención de prevenir y reducir esta incidencia ADAF ha lanzado la campaña “¡Si callamos, nos hacemos cómplices! La explotación sexual comercial infantil es un delito”.
Durante una rueda de prensa en el Salón del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), La coordinadora del proyecto, Licenciada Adalgisa Batista, afirmó que este plan utiliza una jornada educativa a nivel familiar y comunitario para fortalecer las capacidades personales y familiares, reduciendo así los riesgos psicosociales y de salud física que conlleva esta situación, restituyendo a las víctimas en sus derechos y garantizando que finalicen su educación.
“En el proyecto están involucrados 9 centros educativos identificados como de alto riesgo (seis públicos y tres privados), la sociedad civil de Los Guarícanos y el Ministerio de Educación “, indicó Batista.
Bajo el respaldo del Ministerio de Educación, ADAF brindará capacitación a 70 docentes de nueve centros educativos con la intención de favorecer la identificación de personas en riesgo y víctimas de la explotación sexual comercial infantil, así como implicar a profesores en la prevención, fomentando su intervención.
La profesional de la psicología, indicó que un estudio realizado por OIT/IPEC en 2006, sobre “Tolerancia Social en la Población frente al Comercio Sexual con Personas Menores de
Edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana”, puso en evidencia la tolerancia social que existe en República Dominicana en torno a esta actividad delictiva, ya que el 7% de los entrevistados considera que pagar a una persona menor de edad para tener relaciones sexuales no debe considerarse un delito.
“El mismo estudio muestra el fenómeno de la invisibilidad de la responsabilidad de los perpetradores, de la colectividad y del Estado, en nuestro país las causas de este delito son atribuidas en un 59 % a las mismas víctimas y a sus familias, contra el 22 % de responsabilidad del Estado, el 3 % del proxeneta y apenas el 0.8% del cliente”, puntualizó Batista.
El objetivo de este proyecto, patrocinado por el Gobierno de Aragón y la «Fundación Mas Vida de España», es lograr un cambio de conducta frente a la normalización.
