A través de sus abogados Bunel Ramírez Merán y Amaury Peña, el empresario Lugel Gasilie Guelie se querelló en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste por difamación e injuria en contra de Carlos Peña, presidente del Partido Generación de Servidores (GenS). Al mismo tiempo, Carlos Peña se querellaba contra el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
A Carlos Peña lo acusan de haber asegurado que el empresario Gasilie Guelie forma parte “de una mafia” que, presuntamente, opera en el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) utilizando “subterfugios legales” para la obtención de los terrenos donde opera de forma ilegal una iglesia evangélica.
El empresario que alega difamación e injuria exige 250 millones de pesos como indemnización, por los daños causados.
Según la querella, depositada en la Fiscalía de SDO, Carlos Peña incurrió en el delito de difamación e injuria establecidos en la jurisprudencia como “la alegación o imputación de un hecho preciso; alegación o la imputación afecte el honor del ofendido; la difamación recaiga sobre una persona; la publicidad. El señor Carlos Peña hizo un video con la difamación, lo publicó en redes sociales y llamó a publicarlo; la intención”, apuntaron los abogados del demandante.
Uno de los abogados, Bunel Ramírez, manifestó que Peña habría violado los artículos 21 y 22 de la Ley No. 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Tras el depósito de la querella, Ramírez cuestionó el proceder del activo político Carlos Peña ante un caso que “él, como cristiano”, estaría consciente de que la ocupación del terrero por parte de los pastores y la iglesia “es ilegal”.
“Este señor, Carlos Peña, se prestó grabar un video para difamar a una persona que en su accionar solo le es conocido el ejercicio de empresarial que ha impactado esa comunidad y que con el derecho sobre ese terrero ha agotado las vías legales vigentes en el país para el uso que entienda puede darle con sus empresas. Afectando así la imagen y el honor, violentando incluso el sagrado compromiso cristiano de predicar la justicia”, refirió Ramírez Merán.
Asimismo, en nombre de su defendido, agregó que “aquí hay que acabar de una vez y para siempre que por usted auto denominarse pastor tiene el derecho de ocupar ilegalmente un terreno que no es de su propiedad, y posteriormente acudir a espacios como las redes sociales y otros, para difamar, calumniar y afectar la honra y la moral de la gente”.
El querellante solicita además el resarcimiento por los daños provocados a su imagen, honor y empresa, un monto de RD$250 millones.
Legitimidad del terreno
El terreno que Carlos Peña busca continúe invadido por miembros de una iglesia evangélica es propiedad de la empresa Lugel S.R.L., el cual abarca una superficie de 4,211.08 metros cuadrados y está ubicada en Hato Nuevo Santo Domingo Oeste, según consta en Certificado de Título, matrícula 2400085879, designación catastral 309403575613, expedido por el Registrador de Títulos de Santo Domingo; empresa cuyo gerente es el querellante, señor Lugel Gasilie Guelie.
