Por Josefina Fernández
Nunca se me olvida aquella mañana de marzo de 2017, cuando sustituí a un abogado cuya clienta ya llevaba 7 meses privada de libertad debido a una medida de coerción irracional. La audiencia no era para apelar la medida de coerción; se trataba de una audiencia preliminar en la que el juez iba a examinar las pruebas presentadas por la fiscalía y los querellantes, con el fin de valorar la pertinencia probatoria de los elementos presentados, para luego dictar un auto de apertura a juicio.
La fiscalía no tenía pruebas sólidas contra mi cliente, y lo único que presentó en su contra fue un acta de nacimiento que confirmaba que ella tenía un hijo de dos años con un sujeto que la DNCD había atrapado con seis bolsitas de crack, mientras ella estaba trabajando en una banca.
A pesar de que ya tenía más de un año de graduada, era la primera vez que subía sola a un estrado, y más en un caso penal, cuando apenas media hora antes me habían entregado el expediente de un caso que había sido dejado por un abogado experimentado.
Con voz temblorosa y a punto de sufrir un colapso nervioso, solicité un auto de no ha lugar a favor de la clienta, que acababa de conocer, y que el juez ordenara su libertad pura y simple. Recordando una clase de derecho constitucional, recité de memoria el artículo 40, numeral 14, de la Constitución, que textualmente dice que «nadie es penalmente responsable por el hecho de otro». Más adelante, con más seguridad y voz firme, expresé que la ley es igual para todos, que solo puede ordenar lo que es justo y útil para la sociedad, y era injusto que una madre con un hijo de dos años fuera condenada y mantenida en prisión por el delito cometido por un sinvergüenza que la usó únicamente como depósito de esperma.
El juez dictó inmediatamente el auto de no ha lugar y ordenó la libertad pura y simple de Carolina.
Hago esta introducción para referirme a las imputaciones de todo tipo que se hacen en las redes sociales contra un conglomerado en general, sin tomar en cuenta que cada persona es responsable de sus propios actos. Cuando un funcionario del gobierno comete un acto reñido con la ley, eso no significa que todos los funcionarios del gobierno sean iguales.
Yo evito hablar de política, religión y béisbol, porque algunas personas etiquetan a los demás con adjetivos despectivos dependiendo del partido al que pertenecen o de la religión que profesan.
En definitiva, cada persona es responsable de sus propios actos, sin importar sus amistades, y por eso nunca estaré de acuerdo con aquellos que llaman «babosos» a todos los que simpatizamos con el equipo del Licey.
Sin importar que sea un resentidos aguilucho o un fan de los gloriosos tigres, todos estamos consciente que la tercera consigna más importante es «vive y deja vivir», la segunda más valorada es ‘’hacer el bien sin mirar a quien” y la más trascendental y gloriosa de la bolita del mundo es: «Licey campeón».
