Por Milossis Liriano.
Comenzando esta semana, la Conferencia del Episcopado Dominicano, produjo un documento en el que afirma que «no existe el derecho a matar, existe el derecho a la vida”, con lo que sabe Dios estamos de acuerdo y por eso pedimos respeto a la vida de las mujeres que se ven en riesgo frente a la posibilidad de peligro en su vida, o a un embarazo producto de una violación o incesto, o cuando el feto es inviable fuera del útero de la mujer.
Uno de los errores de la jerarquía católica dominicana está en argumentar que la despenalización por causales es anticonstitucional, una discusión harto explicada por los principales abogados constitucionalistas del país y de otras naciones donde existe la vigencia de la vida desde la concepción constitucionalmente, tal como es el caso de Chile, Venezuela, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Hungría, Portugal, Alemania, etc.
Lo anticonstitucional, tal como han considerado decenas de juristas constitucionalistas destacados aquí y en otros países, es permitir que en las circunstancias más extremas, una mujer no pueda ejercer su libre albedrío y, a partir de su propia conciencia, decidir por su vida y dignidad en el marco de un proceso científicamente regulado.
Y citamos al jurista constitucionalista dominicano, Jorge Pratts: «Los derechos no son absolutos e incluso el derecho a la vida tiene sus límites como lo explica el hecho de que el Código Penal permite matar en legítima defensa y ello no contraviene el mandato constitucional de la inviolabilidad de la vida. Por eso es inconstitucional la penalización del aborto en todas las circunstancias».
Condenamos las manipulaciones que contiene el documento, tales como: “Es injusto que, por una mal formación de la criatura en el vientre, se legislara para matarlo. Los discapacitados o personas con condiciones especiales tienen los mismos derechos de vivir que los demás”, una burda y perversa manipulación de la causal que refiere a la incompatibilidad de la vida del producto del embarazo.
Estamos de acuerdo con la necesidad urgente de una educación sexual, oportuna y científica, pautada por especialistas a partir de programas que reflejen las exigencias socio culturales actuales, que respeten los derechos sexuales y derechos reproductivos que las personas tienen desde que nacen y no un imaginario religioso a imponer.
Consideramos que la jerarquía de la Iglesia Católica debe avanzar con la sociedad al ritmo de los cambios culturales, de manera inclusiva, desmontando la misoginia que no permite transformar para crecer, porque siempre es la misma retórica, con una práctica que refleja acciones dicotómicas y de doble moral que ya no conforman a las nuevas generaciones.
Esta situación históricamente recurrente la obliga a apartarse de la realidad que se vive en las comunidades y muchas veces, a tener que reconocer, hasta 500 años después lo obvio, como ha sucedido tradicionalmente, dividiendo a las mismas agrupaciones religiosas.
Finalmente, reiteramos que el «pecado del aborto» no es un dogma de fe establecido en nuestra iglesia, precisamente, porque el aborto, pertenece al orden de la salud de las personas, no al campo de la fe ni de la moral. A cada una atañe tomar sus propias decisiones, de cara a su propia conciencia. El orden religioso no puede imponerse al Estado.
